1988. El sindicalista brasileño Chico Mendes es asesinado por un par de matones a sueldo. Esa fue la respuesta de los latifundistas locales a la lucha de Chico por la defensa de la selva amazónica y sus habitantes. El cauchero consiguió aglutinar a fuerzas tan dispares como el Partido de los Trabajadores, el sindicato del caucho, organizaciones ecologistas, la Iglesia e incluso los grandes bancos internacionales, alrededor de su proyecto de las reservas extractivas, modelo de gestión sostenible y conservación de la Amazonia, que prometía frenar la tala masiva, los incendios provocados y la especulación con el precio de las tierras por parte de la poderosa clase terrateniente. A pesar de que un año después del asesinato de Chico se firmaba el decreto-ley por el que se creaba la figura reserva extractiva como espacio territorial especialmente protegido para uso sostenible de los recursos y beneficio de las poblaciones locales, y se creaba la Reserva Extractiva Chico Mendes, el crimen todavía sigue impune: los asesinos continúan en libertad y sigue la violencia contra los líderes rurales. Los asesinatos de sindicalistas, abogados laboralistas, misioneros y ecologistas siguen estando al orden del día.
En 1985 un gobierno democrático, socialista, de un país defensor de los derechos humanos, se sintió molesto y obstaculizado por las pacíficas acciones de resistencia que una organización ecologista llevaba a cabo para impedir sus pruebas nucleares en el atolón de Mururoa. Tan molesto se sintió que decidió eliminarla físicamente utilizando explosivos: el 10 de julio de 1985, el buque insignia de Greenpeace, el Rainbow Warrior estaba anclado en puerto de Auckland (Nueva Zelanda) cuando dos bombas hicieron explosión en su casco, hundiéndolo y causando la muerte del fotógrafo Fernando Pereira. Los servicios secretos franceses fueron los responsables del mayor escándalo de terrorismo de estado de los últimos años. El ministro de Defensa galo se vió obligado a dimitir, pero sólo dos de los miembros del comando que perpetró el atentado fueron juzgados y condenados. En 1988 ya habían sido puestos en libertad. El pasado año 1995, diez años después de este acto de terrorismo, el jefe del comando, Jean-Claude Lesquer, fue ascendido a general por el gobierno de Jacques Chirac. Hoy el Rainbow Warrior yace bajo las aguas del Pacífico, convertido en un arrecife artificial.
En noviembre de 1995, en Nigeria, el escritor Ken Saro-Wiwa y otros ocho defensores de los derechos de la minoría ogoni fueron ejecutados por el gobierno militar de este país, acusados de participar en los enfrentamientos entre grupos ogoni rivales (instigados y apoyados en realidad por fuerzas del gobierno) y condenados en un juicio carente de las mínimas garantías legales (como denunció en su día Amnistía Internacional). La verdadera razón de una represión que se cobra ya decenas de ejecuciones extrajudicales y que amenaza a nuevos miembros del pueblo ogoni, hay que buscarla en el subsuelo de la tierra ogoni.
Desde 1958, la compañía petrolífera Shell extrae el "oro negro" de la región de Rivers, en el delta del río Niger, la tierra de los ogoni, bajo condiciones que en EE.UU. o Europa se considerarían intolerables. Así, el resultado de 37 años de actuación de la Shell en la zona, con un absoluto desprecio por la salud de sus habitantes y el medio ambiente, es la devastación del entorno y el modo de vida de los Ogoni. Esta era la situación que denunciaba Ken Saro-Wiwa hasta que fue detenido y, gracias a la complicida de gobiernos (EE.UU. y España son los principales importadores de crudo procedente del delta del Niger) y empresas multinacionales, ahorcado. Un gobierno como el nigeriano, que obtiene cerca del 80% de sus ingresos de la exportación de petróleo, no podía permitir que el movimiento de protesta se extendiera. Por su parte, la Shell ha puesto el beneficio por encima de los derechos humanos de la manera más autocomplaciente posible. La gasolina sale ahora de nuestros surtidores mezclada con sangre inocente.